La Consejería de Fomento y Vivienda ha abierto expedientes sancionadores a ocho entidades financieras

Fuente: andalucesdiario.es / 3 abr 2014

Elena Cortés, con representantes de los bancos.

La Consejería de Fomento y Vivienda ha abierto expedientes sancionadores a ocho entidades financieras que poseen viviendas protegidas que no han sido puestas a disposición de los registros municipales de demandantes, como exige la Ley de Vivienda Protegida y en la Ley de Función Social de la Vivienda de la Junta. Las entidades son: Banco Popular (97 viviendas protegidas supuestamente no ofrecidas a los registros correspondientes), BBVA (27), Building Center (26), Unión de Créditos Inmobiliarios (13), Banco Santander (11), Servihabitat (6), Banco Sabadell (3) y Anida Operaciones Singulares (2). En total, 185 VPO y las posibles multas, de 60.000 euros por vivienda, ascienden a 11,1 millones de euros.
La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, que ha dado cuenta de estos expedientes en comisión parlamentaria, ha puntualizado que estas 185 VPO “no son las únicas” sin asignar a los registros municipales, sino aquellas que la Consejería ha acreditado a partir de la propia información remitida por las propias entidades financieras tras la aprobación de la Ley de Función Social de la Vivienda. “Todos los inmuebles protegidos deben estar a disposición de los registros municipales de vivienda para ser asignados a familias que las necesitan”, ha señalado la consejera, informa Europa Press.
Los registros municipales “establecen los mecanismos de selección para la adjudicación de viviendas de protección pública y señalan los requisitos socioeconómicos para el acceso a las mismas bajo principios de igualdad, publicidad y concurrencia, es decir, para que accedan a las mismas quienes las necesitan”. Según la Junta, “una veintena de entidades han comunicado dicho inventario”.
EXPEDIENTES AL ‘BANCO MALO’
La consejera ha informado también de los dos procedimientos abiertos contra la Sareb, el denominado banco malo, por incumplimiento de la función social de sus viviendas protegidas en Andalucía. Las posibles sanciones derivadas de estos procedimientos ascienden a un máximo de 109,44 millones de euros. La primera sanción a la que se expone la Sareb, por infracción muy grave, responde a la obligación de aportar el inventario de las VPO en sus balances. La Sareb ha presentado alegaciones en este expediente, aunque la Consejería de Fomento y Vivienda considera que las mismas no desvirtúan los hechos que dieron lugar a la apertura de los expedientes, y por lo tanto estos continúan su curso, según Cortés.
La segunda sanción a la que se expone la Sareb, por 911 infracciones muy graves, responde a la supuesta vulneración del artículo 20m de la Ley de VPO. Esta sanción puede alcanzar los 109,32 millones de euros, siempre y cuando quede acreditado, tras el requerimiento de información enviado por la Consejería a la Sareb, que esas 911 viviendas no han sido puestas a disposición de los registros. La Sareb no ha respondido a dicho requerimiento, por lo que el procedimiento continúa su curso.
Cortés ha destacado que la presidenta de la Sareb, Belén Romana, sí ha hecho manifestaciones públicas, concretamente en sede parlamentaria, sobre este procedimiento, en el sentido de que la entidad ha solicitado información a los registradores de la propiedad para saber cuántas viviendas protegidas tienen en sus balances. La consejera ha señalado que ello en la práctica equivale a “decir que desconoce cuántas viviendas protegidas tiene la Sareb, y ello a pesar de que un informe de la propia Sareb incorporado al recurso del Gobierno contra la Ley antidesahucios aseguraba que contaba con 911 casas protegidas en Andalucía”. ”O los datos en el informe eran falsos o son falsos los argumentos que exponen ahora. O ambas cosas”, ha dicho Cortés, que ha recordado que no ofrecer un inmueble protegido al registro de demandantes constituye una infracción muy grave, como también lo es ocultar dichos pisos a la administración competente por Ley de velar por su función social.
La Ley de Medidas para Asegurar la Función Social de la Vivienda, recurrida por el Gobierno central, no fue impugnada en su totalidad, sino sólo algunos preceptos, como la potestad de sancionar a entidades financieras por mantener viviendas vacías durante más de seis meses o la de expropiar temporalmente el uso de viviendas para evitar desahucios de familias en riesgo de exclusión social. Así, los artículos que permiten vigilar y sancionar los incumplimientos de las obligaciones de la función social de las viviendas protegidas “continúan plenamente vigentes”.

La Ley de Transparencia erradica la corrupción

José Antonio Castro califica el Proyecto de Ley de Transparencia pública como una normativa valiente, por la que el conjunto de los ciudadanos tendrán derecho a recibir la información de todo aquello que se pague con dinero público.

Así lo afirmó en el debate de totalidad del Proyecto de Ley de Transparencia Pública que se celebró en el Parlamento andaluz la semana pasada, asegurando que la transparencia debe ser la herramienta que prevenga de cualquier abuso de poder, convencido de que con una normativa como está no sería posible un caso como el de los expedientes de regulación de empleo. Ver aquí el vídeo de su intervención http://youtu.be/nnXEkn7a8kk

Sería improbable que durante diez años se cometiera tamaña estafa sin que nadie la pusiera al descubierto utilizando la herramienta de la transparencia que ofrece esta ley, dijo Castro. Porque todo texto es mejorable, nuestro grupo parlamentario va a tratar de incorporar determinadas mejoras en el redactado que se llevó al Parlamento.

Entre los posibles cambios, el portavoz no cree que la creación de nuevos órganos, como un Consejo de Transparencia y Protección de Datos y una Comisión Consultiva de Subvenciones y Ayudas, sea una buena solución y por ello aboga por mejorar el texto para un mayor consenso, durante el trámite parlamentario. IU defiende que las funciones de control sean asumidas por órganos de extracción parlamentaria tales como el Defensor del Pueblo Andaluz y la Cámara de Cuentas, que ya tienen su sitio delimitado en el Estatuto de Andalucía.

Ante una democracia controlada e intervenida por la Troika, un incumplimiento sistemático de los programas electorales y un país inundado por la corrupción, es necesario el establecimiento de nuevos mecanismos que aumenten la implicación política ciudadana y un mayor control de los representantes políticos. Aquí el Proyecto de Ley http://bit.ly/1ly6FxU

En cuanto a las diferencias con la ley estatal el portavoz resalta que de nuevo una ley andaluza supera las exigencias y principios recogidos en la norma estatal,  haciendo referencia a que este proyecto de ley recoge un régimen sancionador riguroso que la ley estatal no incluye, además de un plazo más corto de contestación–plazo no superior a los 20 días-, la inclusión de las empresas privadas que reciben dinero público, un catálogo de información más amplio y la exigencia de informar de las agencias institucionales de los gobiernos. Más información en http://bit.ly/1ly6Jha

IU Andalucía lanza un proceso participativo para evaluar los dos años de gobierno andaluz

El Consejo Andaluz también abordará el trabajo de las Elecciones Europeas: “no queremos el modelo de Alemania y de Almunia. El modelo de IU no es expulsar a los inmigrantes sin trabajo”

 Sevilla, 28 de marzo de 2014 I El coordinador general de IU Andalucía, Antonio Maíllo, ha presentado las principales líneas de análisis que abordará el Consejo Político Andaluz en la reunión de esta tarde en Montalbán de Córdoba. La misma tiene como objetivos realizar un balance del trabajo y de la situación política de los últimos meses y centrar a la organización en el trabajo de las próximas Elecciones Europeas, a las que IU Andalucía va a dar una importancia absoluta.  El informe sitúa a la movilización social como “el hilo conductor” del trimestre, señalando las hitos del 28F, del 8 de marzo y del 22M, “en los que IU Andalucía ha estado presente reforzando su condición de fuerza de movilización y de gobierno”.

Maíllo ha explicado que el Informe contiene un “balance no cerrado” sobre el desarrollo del pacto de gobierno en el ecuador de la legislatura, que servirá de base “para el debate participativo de toda la militancia”, planteando que este proceso de evaluación finalizará con la Asamblea de rendición de cuanta tras las Europeas, para dar cumplimiento a uno de los principales acuerdos adoptados en la última Asamblea Andaluza. Será en esta asamblea dónde se apruebe un “balance exhaustivo”. El coordinador andaluz recordó, que al igual que la entrada al gobierno de la Junta se decidió de manera democrática y participativa, el balance de los dos años de gobierno tendrá las mismas características.

 IU asume el reto de explicar a la ciudadanía “cómo afectan las políticas de la Troika en el día a día”

 Por otro lado, Maíllo explicó la perspectiva desde la que IU Andalucía asume las Elecciones Europeas: “afrontamos el reto pedagógico de explicar a la ciudadanía andaluza como afectan las políticas de la UE y de la Troika”. El coordinador sitúa este paso previo para defender “la necesidad de cambiar esas políticas impuestas que nos conducen al suicidio social”. En este sentido ha afirmado que “IU no quiere el modelo de Alemania que plantea la expulsión de los inmigrantes sin trabajo y que el comisario Almunia asume acríticamente”.

Maíllo señaló “la coincidencia del PP y el PSOE en la política europea” situando  “el objetivo de romper esa coincidencia como se está rompiendo en Andalucía con un gobierno que impide el gran pacto de estado que algunos defienden”.