IU señala al PP como responsable directo de los próximos desahucios que se produzcan en Andalucía

“O nos movilizamos o nos devoran”, apunta Maíllo de cara al 28F

“El PP es responsable directo de los desahucios que se produzcan en Andalucía a partir de ahora”, así de tajante se ha mostrado el portavoz de IU en el Parlamento autonómico, José Antonio Castro, a raíz de la suspensión cautelar de la Ley de Función Social de la Vivienda por el Tribunal Constitucional.
Castro, que ha calificado como “desalmados” a los dirigentes del Partido Popular y miembros de Gobierno central que presentaron el recurso contra la ley andaluza, ha advertido que “dejan desamparados a cientos de ciudadanos y ciudadanas que no pueden hacer frente a los pagos que les están exigiendo las entidades financieras”.
Así, la coalición de izquierdas prevé que la paralización del recurso va a provocar más desahucios y más violencia en la ejecución de estos, pues a la vez que se desprotege a las familias con procesos abiertos, el Estado aumenta las dotaciones a los cuerpos antidisturbios y crea leyes como la mal llamada Ley de Seguridad Ciudadana.
Por su parte, el coordinador general de IU Andalucía, Antonio Maíllo ha señalado además que la suspensión cautelar de la ley “discrimina a Andalucía en dos vertientes”: por un lado valora que se está cuestionando la capacidad de la gestión política en materia de vivienda, como recoge el Estatuto de Autonomía, y por otro lado, que se está discriminando a Andalucía, cuando una ley con la misma redacción en Cataluña no ha sido recurrida.
Junto a Castro y Maíllo se encontraba el coordinador local y portavoz de IU en el Ayuntamiento de Málaga, Eduardo Zorrilla, que ha anunciado que el grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Málaga presentará una moción en la próxima comisión de Derechos Sociales para mostrar el rechazo de la corporación al recurso contra la Ley de la Función Social de la Vivienda. Además de mostrar el rechazo de la institución al recurso presentado por el Partido Popular, la moción pretende que el Ayuntamiento muestre su apoyo a la Consejería de Fomento y Vivienda para que el Tribunal Constitucional levante la medida cautelar que suspende la tramitación de aquellos expedientes cuya resolución no hubiese salido ya en el BOJA.
Por su parte, la Consejería de Fomento y Vivienda que gestiona IU pretende levantar la suspensión cautelar jurídicamente, defendiendo el “derecho a la vivienda” de todos los andaluces y andaluzas tal y como ya anunciara ayer la consejera, Elena Cortés. Para ello, hablará con las entidades financieras a fin de que paralicen los desahucios hasta la resolución del Tribunal Constitucional. Respecto a esta cuestión, Maíllo ha declarado que se sentiría “satisfecho si las bancas defendiesen a los ciudadanos en lugar de intereses privados”.
Sevilla, sede de la movilización del 28-F
La direccíon de IU ha marcado el 28-F como una fecha trascendental para Andalucía. Para IU supone trasladar al día de Andalucía el enfrentamiento contra los que quieren tratamientos singulares, en relación a la derecha catalana, y ha llamado a que las movilizaciones en esta fecha sea un “clamor del pueblo andaluz que Andalucía debe financiar a las personas”. La formación quiere visualizar así la defensa de la solidaridad en un Estado federal.
“O nos movilizamos o nos devoran”, apuntaba Maíllo, que ha mostrado la oposición total de la coalición a la salida de la crisis que plantea el gobierno del PP junto a las entidades financieras, que supone una salida “eliminando derechos y servicios fundamentales para la ciudadanía y aumentando las medidas represivas”.
Es por tanto que se presentan unas elecciones europeas trascendentales para la ciudadanía en las que IU tiene que hacer una labor “pedagógica” y de concienciación para que cambien las “reglas del juego” a nivel europeo. Para esta fecha, la del 28F, IU se está reuniendo ya con agentes sociales como los sindicatos o las mareas para que participen en la gran movilización que se llevará a cabo en Sevilla.

Castro: Cuando se compruebe la constitucionalidad de la Ley andaluza, ¿quién va a pedir perdón a las víctimas o va a dimitir?

El portavoz en el Parlamento andaluz sostiene que IU ha “exprimido” el Estatuto de Autonomía desde su posición en el Gobierno para acabar con la lacra de los desahucios y subraya que "a partir de hoy, el PP antiandaluz es el único responsable de los desahucios que se produzcan en nuestra tierra"

Tras conocerse que el Pleno del Tribunal Constitucional haya aceptado a trámite el recurso presentado por el presidente del Gobierno central contra la Ley andaluza para la Función Social de la Vivienda y por ende se haya procedido a su suspensión cautelar, las reacciones no se han hecho esperar.

El portavoz del Grupo parlamentario de IU en la Cámara andaluza, José Antonio Castro ha advertido de que "desde hoy el PP antiandaluz es el responsable de los desahucios que se produzcan en nuestra tierra" tras la suspensión cautelar de la Ley de Función Social de Vivienda decretada por el Tribunal Constitucional (TC) al admitir a trámite el recurso del Gobierno de la Nación.

En varios comentarios publicados en su cuenta personal en Twitter, Castro asegura que "desde IULV-CA hemos exprimido las competencias del Estatuto de Autonomía para acabar con la lacra de los desahucios" y subraya que "a partir de hoy el PP antiandaluz es el único responsable de los desahucios que se produzcan en nuestra tierra".

“Quién pedirá perdón a las víctimas o dimitirá cuándo dentro de unos años se concrete la constitucionalidad de la ley", se ha preguntado el portavoz parlamentario de IULV-CA.



Por su parte, la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés ha informado que la Consejería está preparando el informe para pedir al Tribunal Constitucional el levantamiento de la suspensión cautelar de los artículos recurridos por el Gobierno contra la Ley de función social de la vivienda, y ha anunciado que pedirá a los juzgados donde se instruyen procedimientos de ejecución hipotecaria que no ejecuten los desahucios hasta que el Alto Tribunal no tome una decisión en firme.

Cortés sostiene que esta petición se sustenta en el hecho de que el recurso del Gobierno "provoca una desprotección máxima del derecho humano a la vivienda en Andalucía" y al hecho de que en Cataluña "opera una ley que permite sancionar a las viviendas deshabitadas y no pasa nada".

Cortés considera que el recurso del Gobierno central "está más provocado por que al PP le molesta que haya alternativa y que IU sea Gobierno en Andalucía".

Asimismo, ha indicado que "los primeros efectos" de la admisión de ese recurso será "dar campo libre a los especuladores, el Gobierno ha vuelto a claudicar ante la banca".

Sobre las 39 expropiaciones ya efectuadas y pendientes de aprobación definitiva por Consejo de Gobierno, Cortés ha precisado que se van a dirigir a los juzgados que llevan esas ejecuciones hipotecarias pidiéndoles que "no se desahucie a nadie hasta que el TC no tome una decisión definitiva".

La consejera ha indicado que esta suspensión no tiene carácter retroactivo, por lo que las dos primeras viviendas con las expropiaciones ya culminadas totalmente seguirán estando expropiadas por la Junta, mientras que sobre el resto "vamos a pedir a los juzgados que hasta que el TC no se pronuncie sobre la constitucionalidad de esta ley, los jueces no ejecuten esos desahucios de esas familias".

Ha lamentado la actitud del PP "con este recurso de la vergüenza, presentado de manera clandestina, sin que ningún ministro del Gobierno haya dado la cara" y considera dicho recurso "un ataque a la soberanía del pueblo andaluz, en orden a su Estatuto y al Parlamento, pues se trata de una ley plenamente constitucional".

Ha recordado que actualmente hay 39 expropiaciones temporales de uso efectuadas y otras 200 personas a las que se les estaban validando sus expedientes en las provincias".

Cortés ha recordado que en otras comunidades autónomas, el PP "está vendiendo el parque público de viviendas a 'fondos buitre', ese es el modelo del PP; mientras que en Andalucía, con IU en el Gobierno, la Junta se pone al lado de las clases trabajadoras y a las mujeres, protagonistas de la defensa de la dignidad de sus familias y de sus casas frente a un desahucio".

2014 será el año de las leyes en Andalucía

El vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, ha dado a conocer la hoja de ruta y los elementos centrales de trabajo político, institucional y legislativo que hay que impulsar en Andalucía y que atañen a su departamento.  En este sentido señala que 2014 será un año clave para que Andalucía se sitúe en el lugar que le corresponde frente  a los nuevos modelos de Estado, financiación y fiscalización que se están planteando y que será un periodo en el que el elemento central de acción de Gobierno será la lucha contra el desempleo.
Asimismo, subraya que la defensa del Estatuto de Autonomía es fundamental para hacer frente a las leyes que desde el Gobierno central pretenden vaciarlo de contenido y en este sentido ha comentado que este año será el año de las leyes en Andalucía donde verán la luz la leyes de  Memoria Democrática, de Participación Ciudadana y de Protección de Personas Consumidoras.
El vicepresidente también destacó que esta acción normativa se verá complementada con un nuevo decreto que regulará los suministros vitales que espera que esté aprobado antes de que acabe el primer periodo de sesiones; con  la carta de derechos de la ciudadanía que blindará derechos reconocidos de los ciudadanos y ciudadanas; con la desaparición de los símbolos franquistas; con el reconocimiento de nuevos lugares y de nuevos senderos de la memoria; con un foro sobre el papel de lo local en el nuevo marco productivo con el objetivo de contribuir a la creación de empleo; con el impulso de nuevos convenios con los ayuntamientos para asegurar los suministros vitales y con la aprobación del recurso de incostitucionalidad contra la Reforma de la Administración Local del Gobierno central.
También, se aprobará el Plan de Cooperación para el desarrollo 2014-2018 y el decreto para resarcir los derechos de los consumidores.
Para Valderas, estamos en un año en el que Andalucía debe de jugar un papel importante en el debate estatal de la necesidad de un nuevo modelo de Estado, federal y solidario, donde tiene cabida el planteamiento de la reforma constitucional  y donde abanderemos el modelo de una “fiscalidad justa frente a la fiscalidad injusta que ahora tenemos”.
“Considero que es muy necesario alcanzar este año un gran acuerdo económico y social que pueda acompañar todo el desarrollo del plan 2014-2020 en el terreno de la financiación y de la inversión en el marco europeo. En mi opinión, este acuerdo económico y social necesita de nuevos sujetos y participantes, teniendo muy presentes los contenidos de los nueve acuerdos sectoriales firmados en 2013 con todos los agentes sociales, económicos y culturales, que deben convertirse en pilares fundamentales de la nueva concertación”.