Sancionados 30 bancos por clausulas abusivas

La Secretaría General de Consumo ha resuelto un total de 55 procedimientos sancionadores contra treinta entidades financieras que operan en la comunidad autónoma como resultado de una campaña de inspección iniciada a finales del año 2011. Las sanciones tienen su origen en las cláusulas abusivas que aplicaron estas entidades en los contratos bancarios a sus clientes. La cantidad a la que deberán hacer frente asciende a un montante de 2.047. 801 euros.
La Consejería de Administración Local y RR.II., de la que es titular el Vicepresidente de la Junta Diego Valderas, considera probado que un total de 30 entidades bancarias ocultaron información relevante sobre las condiciones del contrato, establecieron intereses de demora elevados e impusieron garantías desproporcionadas al riesgo asumido de las personas consumidoras. 
“Dijimos que íbamos a proteger a la ciudadanía de los abusos que hayan podido cometer las entidades bancarias en la operación más importante de sus vidas y lo estamos cumpliendo", afirma Dolores Muñoz, Secretaria General de Consumo. 
En estas inspecciones se ha detectado la comisión de 86 infracciones, siendo 8 de ellas de carácter leve (le corresponde una multa de 200 a 5.000 euros), 58 son graves (entre 5,001 y 30.000 euros) y 20 se consideran muy graves (de 30.001 a 400.000 euros). 
La Secretaría General de Consumo prevé iniciar en los próximos meses expedientes sancionadores a más de 20 entidades por cláusulas suelo en el marco de la campaña de inspección que está desarrollando desde mediados de 2013, con el objetivo de comprobar que los créditos hipotecarios formalizados por las personas consumidoras no incluyen cláusulas abusivas. En el contexto de esta campaña se prevé aplicar el comiso del beneficio ilícito obtenido por la infracción, o sea, neutralizar la ganancia obtenida de forma abusiva.  


Además, con la futura Ley andaluza de Garantía en la contratación Hipotecaria, la cual se encuentra actualmente en tramitación, está previsto llevar a cabo la revisión del régimen sancionador de la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Consumo, de tal forma que se aumentará la cuantía de las sanciones ascendiendo hasta un millón de euros la muy grave.