La Ley de Transparencia erradica la corrupción

José Antonio Castro califica el Proyecto de Ley de Transparencia pública como una normativa valiente, por la que el conjunto de los ciudadanos tendrán derecho a recibir la información de todo aquello que se pague con dinero público.

Así lo afirmó en el debate de totalidad del Proyecto de Ley de Transparencia Pública que se celebró en el Parlamento andaluz la semana pasada, asegurando que la transparencia debe ser la herramienta que prevenga de cualquier abuso de poder, convencido de que con una normativa como está no sería posible un caso como el de los expedientes de regulación de empleo. Ver aquí el vídeo de su intervención http://youtu.be/nnXEkn7a8kk


Sería improbable que durante diez años se cometiera tamaña estafa sin que nadie la pusiera al descubierto utilizando la herramienta de la transparencia que ofrece esta ley, dijo Castro. Porque todo texto es mejorable, nuestro grupo parlamentario va a tratar de incorporar determinadas mejoras en el redactado que se llevó al Parlamento.

Entre los posibles cambios, el portavoz no cree que la creación de nuevos órganos, como un Consejo de Transparencia y Protección de Datos y una Comisión Consultiva de Subvenciones y Ayudas, sea una buena solución y por ello aboga por mejorar el texto para un mayor consenso, durante el trámite parlamentario. IU defiende que las funciones de control sean asumidas por órganos de extracción parlamentaria tales como el Defensor del Pueblo Andaluz y la Cámara de Cuentas, que ya tienen su sitio delimitado en el Estatuto de Andalucía.

Ante una democracia controlada e intervenida por la Troika, un incumplimiento sistemático de los programas electorales y un país inundado por la corrupción, es necesario el establecimiento de nuevos mecanismos que aumenten la implicación política ciudadana y un mayor control de los representantes políticos. Aquí el Proyecto de Ley http://bit.ly/1ly6FxU

En cuanto a las diferencias con la ley estatal el portavoz resalta que de nuevo una ley andaluza supera las exigencias y principios recogidos en la norma estatal,  haciendo referencia a que este proyecto de ley recoge un régimen sancionador riguroso que la ley estatal no incluye, además de un plazo más corto de contestación–plazo no superior a los 20 días-, la inclusión de las empresas privadas que reciben dinero público, un catálogo de información más amplio y la exigencia de informar de las agencias institucionales de los gobiernos. Más información en http://bit.ly/1ly6Jha