ALTERNATIVAS A LA CRISIS

NOS INFORMAN DE LA CANCELACIÓN DEL ACTO,  POR UNA REUNIÓN IMPREVISTA EN EL PARLAMENTO




EL COLEGIO DE INFANTIL Y PRIMARIA DE LA ESTACIÓN DE CÁRTAMA NO SE CONSTRUIRÁ Y EL INSTITUTO SE ATRASA


Cártama 24 de mayo 2013
En el pleno de ayer hice dos preguntas al equipo de gobierno.
¿Por qué se ha suspendido la reunión prevista entre la empresa adjudicataria para la construcción del (IES) Instituto de enseñanza secundaria en la Estación de Cártama, y los constructores locales para la subcontratación de las obras?
Y segunda pregunta, ¿Cuándo se va a adjudicar la construcción del colegio de infantil y primaria (CEIP)que se lleva prometiendo dos cursos?
Nuestros  gobernantes locales no se enteran de que las mentiras tienen las patas muy corta, y ayer volvieron  a mentir y a arremeter contra mí, en el pleno celebrado en el Ayuntamiento cuando hice estas dos preguntas
 Que me informe bien, que es falso que se haya dicho que se va a construir un colegio de primaria en la estación de Cártama.

 Enlace a la noticia en diario SUR el día 22 de mayo de 2011, http://www.diariosur.es/v/20110522/interior/nuevo-colegio-aliviara-falta-20110522.html

 y este otro  es a la página web de la delegación en Málaga de la consejería de Educación, cultura y deporte de la Junta de Andalucía ttp://www.educacionenmalaga.es/index.php/2011/09/el-delegado-de-educacion-supervisa-en-cartama-las-instalaciones-educativas-antes-del-incio-escolar/  Donde puede comprobarse el hecho en la noticia del 08 septiembre de 2011.

En el debate que originaron mis preguntas quedó muy claro que no existe ningún proyecto para construir el colegio de primaria.

Respecto al Instituto de enseñanza secundaria, dijeron que se ha suspendido la adjudicación a la constructora “por defectos en la documentación?” Y que en unos 20 días se adjudicará a otra constructora.  La única duda que me queda es cuanto se atrasará la construcción del Instituto.

Manuel L Infantes.
Concejal IU Cártama

Se reactiva la Plataforma Pro-Hospital del Guadalhorce


 Empieza a recoger firmas e impulsa mociones en 13 ayuntamientos por su apertura.
 (Leonor García Málaga)


Los vecinos del Guadalhorce vuelven a movilizarse por su hospital. Ayer se reunió la plataforma que ha luchado por esa infraestructura sanitaria para la comarca -la única de la provincia que carece de ella- y decidió reactivar sus movilizaciones. Partidos políticos, ayuntamientos y organizaciones sociales se han vuelto a poner en marcha para exigir ese centro sanitario. Ayer, el portavoz de la Plataforma, Miguel Esteban, recordaba que la coordinadora ya ha dado dos batallas. La primera, hace casi una década para conseguir que la Junta de Andalucía accediera a construir el hospital porque la postura inicial de la Administración autonómica era no hacerlo. La segunda, cuando la obra se demoraba para que los trabajos cogieran ritmo y se terminaran. En plena crisis y con cuatro años de retraso, al final el edificio se acabó. Pero lleva más de un año y medio finalizado y sin abrirse. "Nos queda la tercera batalla. Luchar por su apertura", indicó Esteban. De momento, las organizaciones que integran la plataforma se han propuesto dos estrategias: una, recoger 10.000 firmas para reclamar a la Consejería de Salud la puesta en marcha del centro sanitario, y otra, impulsar mociones en los 13 ayuntamientos de la comarca con el mismo objetivo. 

La reunión de la plataforma se prolongó desde las 19:30 hasta casi las 22:00. Al finalizar, todas las organizaciones participantes se llevaron ya los documentos para empezar a recoger rúbricas y el texto de la moción que elevarán a pleno todos los consistorios de la comarca del Guadalhorce.La plataforma estima que la apertura del hospital requiere seis millones de euros para equipamiento y que su funcionamiento anual supondrá un gasto de en torno a unos 22 millones; unos 10 en personal y en torno a 12 en gasto corriente. El hospital requiere para su apertura unos 300 trabajadores entre sanitarios y no sanitarios. 

Pero el escollo, o al menos la excusa que pone la Junta de Andalucía, es una subestación eléctrica que exige Endesa para dar suministro al hospital; requisito sin el que no recepciona la obra. El problema es que, inicialmente, el coste se fijó en 300.000. Pero ahora la compañía eléctrica exige una infraestructura valorada en dos millones. Tanto la Consejería como el Ayuntamiento consideran "un abuso" que la compañía eléctrica exija que sean las administraciones las que paguen esa infraestructura. "Tenemos que hacer unas inversiones por algo que ellos van a explotar y rentabilizar", dijo el primer teniente de alcalde de Cártama, Miguel Espinosa. Pero la ley ampara aparentemente ampara a Endesa. Un decreto de 2002 obliga al promotor a hacer las mejoras en la red eléctrica para asegurar el suministro. 

Esteban añadió: "Creemos que Endesa quiere hacer una infraestructura no solo para el hospital sino para el polígono y para la zona de ampliación de Cártama a Cártama estación. Si quieren hacer algo más, que lo costeen ellos". La Plataforma estima que el coste para la conexión que requiere el hospital costaría unos 300.000 euros. En cuanto al acceso viario, la plataforma entiende que le corresponde hacerlo al propietario del suelo.

Fuente: Málaga Hoy

Elena Cortés da ejemplo y pone en alquiler las viviendas de la Junta


La medida, coherente con el Decreto-Ley de Vivienda, complementa las sanciones a bancos por tener casas vacías (9.000 euros por inmueble) y por ocultar sus VPO (120.000 euros)
La política de vivienda de la Junta de Andalucía, en manos de Izquierda Unida, tiene a la derecha desquiciada. Al PP no le ha gustado nada que la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, haya terminado con la obsesión especulativa de la construcción que regía las políticas públicas hasta ahora para empezar a forjar una cultura de la rehabilitación. También le ha irritado sobremanera que con menos competencias que el Gobierno central haya paralizado en seis meses más de 1.500 desahucios en las oficinas del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, ejemplo de libro de cómo hacer la política con mentalidad de movimiento social. Además le ha hecho poner el grito en el cielo el enfoque del nuevo Plan de Vivienda, con sus prioridades en larehabilitación, el alquiler social, la autoconstrucción y el cooperativismo. E igualmente le ha sacado los colores la paralización de todos los desahucios en el parque público  de vivienda. En general, a la derecha de Juan Ignacio Zoido y compañía le abren las carnes las políticas de IU en la Consejería, que parten de la consideración de lavivienda como derecho humano y no como mercancía, porque retratan cruelmente por contraste la que hacen los Gobiernos del PP, singularmente el central: carpetazo a la ILP de la dación en pago, desahucio exprés para los alquileres, socialización del agujero inmobiliario mediante el banco malo, sumisión a los dictados de la Troika y de las entidades financieras...
especulativoPero lo que definitivamente ha sacado de sus casillas al PP ha sido el Decreto-Ley para Asegurar la Función Social de la Vivienda, que establece sanciones de hasta 9.000 euros a los bancos por tener viviendas vacías y de hasta de 120.000 por no comunicar las viviendas protegidas que hay en sus balances. La norma andaluza, con sello '100% IU', fija también incentivos (no sanciones) para que los particulares encuentren más atractivo sacar sus viviendas en alquiler y establece laexpropiación temporal del uso de las viviendas embargadas por los bancos en caso de que el morador que va a ser desahuciado se encuentre en una situación acreditada de exclusión social. Del consenso bipartidista asentado sobre la máxima de que “la paciencia con los bancos es infinita”, en palabras del ex ministro José Blanco, en Andalucía se ha pasado al “basta ya, hasta aquí hemos llegado”, en expresión de nuestra compañera Elena Cortés. Y por ahí la derechona no pasa.
¿Qué han hecho al respecto? Por supuesto, como corresponde a la labor de oposición de Zoido, el ridículo. Ridículo que se acentúa cada vez que toma la palabra su portavoz de Vivienda, Alicia Martínez, a cuyo lado Esteban González Pons es ejemplo de rigor y diligencia. Primero los derechistas se equivocaron cargando contra el Decreto-Ley con dos argumentos de difícil convivencia: uno, el Decreto-Ley es “totalmente inútil”; dos, el Decreto-Ley es una copia de las medidas de Mariano Rajoy. O sea, que según el PP andaluz, y en un sencillo silogismo, las medidas del presidente del Gobierno son inútiles.
Zoido y los suyos amenazaron después con un recurso de inconstitucionalidad del Gobierno. Pero, en parte por la altísima popularidad del mismo, en parte porque es impecable jurídicamente, al final se la terminaron envainando. Al menos de momento, porque ahora Luis de Guindos, el ex de Lehman Brothers que dirige el Ministerio de Economía, ha filtrado una comunicación informal (no se sabe ya si fue una carta o un email) de la Comisión Europea sobre el Decreto-Ley con objeto de armarse de argumentos para un posible recurso. Otra vez quieren hacer creer que no hay alternativa, que hay que recurrirlo por imposiciones externas. ¿Se atreverán? De momento, será interesante ver la actitud del PP andaluz ante la visita de esta semana de los hombres de negro a Madrid para conocer el Decreto-Ley. ¿Se situará Zoido junto a la Troika o junto al Parlamento andaluz, donde actualmente se debate la norma como proyecto de ley?, ¿defenderá Zoido la Constitución española y el Estatuto de autonomía o el memorando del rescate financiero?
Los argumentos del PP contra el Decreto-Ley han ido fracasando uno a uno, fundamentalmente porque se han basado en un discurso del miedo absolutamente inverosímil, según el cual la norma dificultará el acceso al crédito. Es increíble que digan tal cosa cuando la banca española, tras recibir 600.000 millones de euros de dinero público (y lo que queda, si se lo permitimos) continúa con el grifo cerrado. Así que, frustrados sus argumentos, la bancada de Zoido se ha lanzado al que es, junto al ridículo, su otro elemento distintivo: el uso sistemático y desvergonzado de la mentira. A lo largo del último mes el PP se ha afanado en una intensa campaña de desprestigio del Decreto-Ley basada en mentiras flagrantes y groseras manipulaciones: “La consejera desahucia”, mienten, porque lo cierto es que el andaluz fue el primer Gobierno de España en paralizar los desalojos en su parque público en junio del año pasado. “Fue miembro del Consejo de Administración de Cajasur”, mienten de nuevo. “La consejera es la mano negra que controla las corralas. Es una bandolera”, braman, en una afirmación tan descabellada que se comenta sola.
Pero sin duda la afirmación más repetida es que “la Junta tiene miles de viviendas vacías”. Algunos días decían que 5.000, otros que 30.000 y otros que 60.000 viviendas vacías. Qué más da, si siempre encuentran terminales mediáticas que dan espacio y generosa tipografía a sus calamidades. El problema es que ahora Elena Cortés los ha dejado fríos poniendo sobre la mesa los datos y las soluciones durante la Comisión de Fomento y Vivienda celebrada la semana pasada en el Parlamento andaluz.
Y los datos y las soluciones hablan muy en favor de la política de vivienda de IU en la Junta. En primer lugar, y tal y como ha defendido siempre Cortés, las 81.000 viviendas del parque público andaluz (lo que siempre se ha llamado “viviendas sociales) están ya ocupadas, dando habitación a 350.000 personas en 516 municipios. Se trata de viviendas construidas expresamente para personas de recursos muy escasos, incapaces de acceder al derecho a la vivienda en el mercado libre. En cuanto a las viviendas protegidas, construidas con ayudas públicas, la Consejería actuará en dos vertientes: de un lado, garantizando que las que estén en manos de bancos salgan en alquiler; de otro, alquilando la propia Junta las que aún no tienen adjudicatario. Actualmente hay 638 viviendas protegidas de titularidad pública sin adjudicar, un 0,1% de las casi 650.000 viviendas deshabitadas que hay en Andalucía, según el INE. ¿Mantendrá el PP el discurso de que el problema de la vivienda en Andalucía se puede arreglar con esas 638 viviendas? Capaces son...
La consejería ha decidido, en coherencia con su Decreto-Ley, pasarlas masivamente al alquiler, ajustando su precioa la demanda y a la situación socioeconómica de los solicitantes. Datos y soluciones sobre la mesa, por primera vez. El PP se ha quedado absolutamente fuera de juego. ¿Qué irán a decir ahora?
3-alquilerCortés ha sido siempre muy crítica con el papel de inmobiliaria que ha tenido EPSA durante las últimas legislaturas del PSOE. Por eso ya ha anunciado que la construcción de vivienda nueva va a tener un papel muy residual en las políticas públicas. “Si construyendo vivienda se garantizara el derecho a la vivienda y la salud del sector de la construcción, España sería un paraíso”, ha dicho. No, claro quela solución no está en construir más. Sino en hacer aflorar esas cientos de miles de viviendas vacías en manos de bancos e inmobiliarias. Y ahí es donde ataca el Decreto-Ley. “A nivel financiero, los ciudadanos deben dinero a los bancos. A nivel político, social y moral, son los bancos los que están en deuda”, suele comentar la consejera.
Ése es el debate que interesa: cómo la política  puede incidir para un más justo reparto de la riqueza. Ése es el debate que intenta eludir el PP-A base de mentiras.